Ricardo Raphael
Image

Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en ciencias políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia (Sciences Po). Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Fue secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional y representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. También fue Coordinador de la Comisión Ciudadana contra la Discriminación, fue defensor de la audiencia de canal 11 y subdirector de opinión del periódico El Universal. Como periodista conduce el programa ESPIRAL, programa semanal de Once TV México, es analista político del noticiero ENFOQUE de NRM y del noticiero nocturno de Proyecto 40.

Muestra

[Política Zoom]

Miércoles, 9 de enero de 2019 22:27 Ricardo Raphael

Privación injusta de la libertad

(MATERIAL EXCLUSIVO PARA MEDIOS IMPRESOS. QUEDA PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN EN INTERNET)

La Justicia mexicana lleva demasiado tiempo al servicio de dos amos envilecidos: la demagogia punitiva y la represión social, por eso no es justicia sino abuso del poder.
Hay registro de 3 mil 967 personas detenidas arbitrariamente entre 2006 y 2018 por su condición de defensores de derechos humanos o por ser líderes de sus comunidades.
Tres de cada cuatro casos ocurrieron durante la administración de Enrique Peña Nieto. Así lo reporta el informe Defender los Derechos Humanos en México, el sexenio de la impunidad, redactado por investigadores de la Acción Urgente para Defensores de Derechos, el Centro Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
La política criminal en nuestro país tiene motivos que ni la ley ni la Constitución contemplan. Se usa contra activistas sociales, estudiantes, representantes indígenas, contra defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente.
Cada vez que los pueblos se levantan para protestar contra una mina contaminante, contra un proyecto de infraestructura que destruye el hábitat, contra el fracking y tantos otros intereses del poder económico o político, los ministerios públicos, la policía y los jueces entran al auxilio para sacar de en med...