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El informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), publicado el 19 de marzo, no deja lugar a dudas sobre las razones que llevaron a proponer que el caso mexicano sea discutido en la Asamblea General de ese organismo. Como ya es habitual, el gobierno mexicano reaccionó negando los hechos y descalificando al emisario. Pase lo que pase y lo diga quien lo diga, el gobierno mexicano alega que es perfecto.
Es verdad que las desapariciones forzadas empezaron mucho antes de la llegada de López Obrador a la jefatura del Estado mexicano. Pero ya en su informe del 2021, la CED reportó que "(en ese año) se mantenía una situación generalizada de desapariciones con casi total impunidad. Observó que, según los datos estatales, solo entre 2 % y 6 % de los casos de desaparición habían sido judicializados y que, a esa fecha, solo se habían dictado 36 sentencias a nivel nacional".
"En 2023 el Comité lamentó que persistiera una situación generalizada de desapariciones, que el Estado Parte no hubiera aprobado los reglamentos de la Ley General y del Sistema Nacional de Búsqueda, ni adoptado una política nacional e integral de prevención y erradicación de las desapariciones". En esa misma visita, "denunció la fragmentación...