Puras mentiras

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El presidente no tiene que modificar ninguna norma para ordenar que toda la información que se genera en el gobierno se entregue a los ciudadanos en menos de 72 horas; es más, ni siquiera es necesario esperar a que esos documentos sean solicitados, porque las leyes que están vigentes ya establecen obligaciones específicas de transparencia proactiva para todos los entes públicos. Tampoco tiene que buscar la reforma de la Constitución para sancionar de motu proprio a los funcionarios que se nieguen a abrir los documentos. Para cumplir las promesas que estuvo haciendo durante la semana, solamente tiene que cumplir la ley.
Tampoco necesita eliminar de tajo la existencia del Inai —el órgano garante del derecho de acceso a la información y de la protección de datos, y la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia— para comprar vacunas. Podría restarle esa misma suma a los proyectos de obra pública que ha venido defendiendo a capa y espada y que, de paso, no sólo servirían para sufragar las verdaderas prioridades sino para evitar el irreparable daño al medio ambiente que esas obras ya están generando. Si se niega a suspender el Tren Maya, podría impulsar entonces la reforma fiscal progresiva que, de manera casi unánime, se le ha pedido desde que comenzó el sexenio;...