José Woldenberg

¿Y si la FGR fuera realmente autónoma?

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En 2014 se realizó una importante reforma a la Constitución. La añeja Procuraduría General de la República se convertiría en la Fiscalía General de la República. No era un simple cambio de nombre, sino una innovación estratégica. La nueva FGR gozaría de autonomía constitucional, ya no sería más una dependencia del Ejecutivo. Se trataba de que uno de los eslabones claves en el proceso de impartición de justicia no fuera una dependencia del presidente. Se intentaba, eso se proclamó, que la impartición de justicia no fuera dependiente de los humores políticos. Que la investigación de los delitos no fuera opacada por las suspicacias.
Se pretendía formar un cuerpo de profesionales de una institución del Estado autónoma, capaz de indagar los delitos sin filias ni fobias, es decir, una Fiscalía que actuara sin estar subordinada al presidente ni a ninguna otra fuerza política. Un intento modernizador en el mejor sentido de la palabra que si cuajaba debería sustraer del debate político el primer eslabón del difícil proceso de impartición de justicia. De ahí lo barroco del nombramiento del Fiscal que duraría en su encargo nueve años: el Senado debería enviar al presidente una lista de diez candidatos, el titu...