Crisis en el sector transporte: falta de dictámenes de verificación deja a transportistas expuestos y sin respaldo de la SICT

Empresas del transporte federal y Unidades de Inspección Federal denuncian desabasto de certificados y omisión de la autoridad

En una situación que viene arrastrándose desde 2024, el gremio del autotransporte federal y las Unidades de Inspección Federal (U.I.) enfrentan una grave crisis provocada por el desabasto de dictámenes de verificación físico-mecánica, situación que ha dejado a miles de transportistas en la incertidumbre y vulnerables ante actos de extorsión por parte de autoridades municipales, estatales y federales.

Desde junio de 2024, el entonces encargado de la Dirección Ejecutiva de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Lic. Carlos Vicente Garduño Anguiano, advirtió sobre el riesgo de que el inventario de dictámenes no fuera suficiente para concluir el año, atribuyendo la situación a la transición de gobierno.

Aunque el año cerró sin aparentes afectaciones para las U.I., al reinicio de actividades en enero de 2025, los centros de verificación SICT comenzaron a notificar —de manera no oficial— el agotamiento de dichos dictámenes, lo que derivó en una baja operatividad para las Unidades de Inspección, afectando directamente el servicio a las empresas de transporte y dejándolas expuestas ante autoridades que, en lugar de aplicar los calendarios oficiales, comenzaron a exigir la documentación vencida o a solicitar pagos extraoficiales.

El actual encargado de la Dirección Ejecutiva de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad, Lic. Jorge Sánchez Núñez, responsabilizó al proveedor por no cumplir con los pedidos de certificados. Sin embargo, durante los meses de febrero y marzo, las promesas de normalización se fueron postergando sin resultados concretos, y el suministro cayó hasta un 70%.

Ante la creciente tensión, la Asociación Nacional de Unidades de Inspección Federal (ANUIF) solicitó el pasado 24 de abril una audiencia con el Ing. Jesús Antonio Esteva Medina, solicitud que fue ignorada. No fue sino hasta el 6 de mayo que la Mtra. Andrea Granados Díaz, Directora de Control y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva, ofreció una audiencia que se celebró el 8 de mayo con presencia del Lic. Jorge Sánchez Núñez, quien se comprometió a dotar de certificados a las unidades que cumplieran con los requisitos, nuevamente, sin cumplir con el compromiso realizado.

El 30 de abril venció el periodo de verificación físico-mecánica para vehículos con placas terminación 5 y 6, mientras que los transportistas aún se encontraban cumpliendo con la verificación ambiental —vigente del 1 de enero al 30 de junio—. Nuevamente el Lic. Jorge Sánchez Núñez tomo a la ligera la situación, mostrando su poco interés por el tema,

A pesar de esto, elementos de la Guardia Nacional y policías locales comenzaron a detener y extorsionar a operadores bajo el argumento de que los dictámenes estaban vencidos, ignorando por completo los lineamientos.

Ante estas quejas de extorsión, el 6 de mayo se emitió el oficio 4.2.230/2023 dirigido al General Hernán Cortés Hernández de la Guardia Nacional, solicitando tolerancia para circular sin verificación durante mayo para placas 5 y 6. Al día siguiente, el oficio 4.2.5-0761/2025 notificó la intención de gestionar una prórroga para dichas placas, la cual hasta hoy no ha sido publicada ni respaldada con un comunicado oficial.

El Lic. Jorge Sánchez Núñez sigue sin cumplir su palabra, lavándose las manos, y demostrando incapacidad en la gestión de su puesto, y empeorando la situación, participando en actos de corrupción y nepotismo, siendo que sus allegados y “amigos” en el gremio de Unidades de Inspección si se han visto favorecidos.
Mientras tanto, las Unidades de Inspección Federal comienzan a resentir la falta de recursos, afectando el ingreso de las familias de todos aquellos que laboran dentro de las mismas.

Los transportistas, por su parte, se enfrentan a un callejón sin salida: no hay dictámenes disponibles, las autoridades los sancionan o extorsionan, y la SICT sigue sin ofrecer una solución efectiva.

La omisión y falta de comunicación por parte de la SICT especialmente del Lic. Jorge Sánchez Núñez ha generado un clima de incertidumbre que afecta tanto la operatividad de las empresas transportistas como la seguridad jurídica de sus operadores.

La falta de respuesta oficial y la carencia de dictámenes ponen en entredicho la capacidad del Estado para garantizar un servicio esencial para el funcionamiento de la economía nacional.